¿Es sostenible el sistema de pensiones?

¿Los robots pagarán las pensiones?

Han pasado muchos años desde que las principales fuerzas políticas decidieron sacar del debate electoral el futuro de las pensiones. Corría el año 1995 y en un parador en Toledo se reunieron los cuatro partidos más votados del momento y acordaron una serie de recomendaciones para la sostenibilidad del sistema. Dado el éxito de la herramienta en 1999 el pacto se convirtió en una comisión del Congreso de los Diputados para apuntalar el sistema de previsión social de una manera institucionalizada.  Aunque no se reúnan en la capital manchega sino en la Carrera de San Jerónimo de Madrid los representantes de la soberanía nacional siguen acordando recomendaciones, como en el parador de Toledo, que ahora suponen un mandato para el Gobierno que ha de convertir dichas recomendaciones en ley.

El pasado 27 de octubre de 2020 tras casi cinco años desde el anterior acuerdo esta comisión aprobó un informe de recomendaciones, inédito desde hace una década, además con un alto grado de consenso. El pacto de Toledo propone 21 recomendaciones que suponen toda una reforma ya que afectan al funcionamiento de la Seguridad Social y al sostenimiento y revalorización de las pensiones.

Entre los puntos recogidos destacan los que tienen el objetivo de cerrar el déficit que arrastra el sistema desde 2011, así como los ajustes para afrontar la próxima jubilación de la generación del baby boom y el impacto sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Las recomendaciones recogen asimismo la intención de acercar la edad de jubilación real a la edad de jubilación legal. Así como que se vuelva a fijar la revalorización de las pensiones basándose en el IPC. También se contempla un cambio en el régimen de cotización de los autónomos para que coticen de acuerdo a sus ingresos. Además, se plantea una apuesta decidida por el segundo pilar del ahorro, los conocidos como planes colectivos de empleo, aquellos que se negocian en el seno de empresas y en el que tanto los empresarios como los trabajadores aportan para la futura jubilación.

Pero hay una recomendación, la 19, que ha pasado desapercibida y plantea que las empresas coticen a la Seguridad Social por la productividad lograda por el avance tecnológico que está provocando menos cotizantes a la Seguridad Social.  Es decir, estudiar un eventual nuevo impuesto cuyo objetivo sea contribuir a la financiación de las pensiones o dicho de otro modo que coticen los robots para financiar el Estado del Bienestar.

A la espera de conocer si las maquinas pagarán a la Seguridad Social en el futuro, hay que impulsar un amplio debate político, económico y social con expertos de todos los ámbitos que ayuden a evaluar adecuadamente los beneficios y riesgos asociados a un modelo impositivo sobre las actividades que pasan a ser realizadas por máquinas o robots, para que se evite cargar sobre la actividad productiva más innovadora la corrección de los desequilibrios del sistema. Toda la teoría económica avala que la innovación empresarial y la digitalización son las palancas clave de competitividad de las empresas y de un país, por lo que este debate debe llevarse también a la esfera internacional, de la mano de organismos internacionales y la Unión Europea, para evitar que la regulación en este campo cambie las reglas de competencia entre países.

Puede ampliarse información sobre las propuestas en este link:

Iñaki Ortega Cachón
Director de Deusto Business School y profesor de la UNIR

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